).- El presidente de Bolivia,
Evo Morales, cumplirá mañana cinco años en el poder en uno de sus peores momentos, tras sufrir dos inesperados reveses políticos, con una baja popularidad y urgido de resolver el "cáncer" que supone para el Estado la subvención en el precio de los combustibles.
El gobernante, que llegó a la Presidencia en enero de 2006, dará mañana un mensaje y un informe sobre el primer año de su segunda gestión (2010-2015) y lo celebrará con ceremonias indígenas y una fiesta popular con los movimientos sociales que le son leales.
Aunque el mandatario ha tratado de minimizar el impacto de los reveses sufridos, los últimos días han estado marcados en Bolivia por la polémica sobre las decisiones que debe tomar para recomponer su equipo de Gobierno y sus próximas medidas económicas.
El primer y quizás el peor golpe lo sufrió hace tres semanas cuando protestas sociales, en particular en su bastión de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, le forzaron a retroceder en su decisión de subir el coste de los combustibles hasta en un 82%.
Como no había sucedido antes, los manifestantes quemaron la imagen del mandatario, pidieron su renuncia, intentaron destruir una estatua del guerrillero Ernesto Che Guevara y prendieron fuego a una bandera venezolana, señales del agudo descontento, según analistas.
El mismo Morales ha reconocido que fue la primera vez que se quemó su imagen y la bandera de
Venezuela en La Paz, pero lo atribuyó a activistas opositores, aunque analistas y la prensa reconocieron la gravedad de las manifestaciones antigubernamentales.
"Le han obligado a retroceder como nunca lo habían hecho desde que llegó al Gobierno" y en adelante "ya no va a poder gobernar como hasta ahora, haciendo lo que quiera", apuntó el politólogo Jorge Lazarte, al comentar la radical reacción social, inesperada por Morales.
A juicio de Lazarte, el Gobierno ha sido víctima de sus propios errores y de una "arrogancia" en la forma de gobernar que ha provocado "una fractura, que todavía no es ruptura, pero que hubiese llegado a serlo", sino daba marcha atrás en el llamado "gasolinazo".
El conflicto tuvo sus consecuencias en la popularidad de Morales que en diciembre se situó en un mínimo histórico de 30% y este mes ha recuperado apenas seis puntos, según diversas encuestas.
El segundo revés se produjo esta semana cuando Paraguay otorgó asilo al exgobernador del departamento sureño de Tarija Mario Cossío, uno de los mayores opositores de Morales que es afín al presidente paraguayo, Fernando Lugo.
Cossío, quien fue destituido en diciembre pasado, alega ser un perseguido político, mientras que el Gobierno lo ha tildado corrupto, separatista y conspirador, lo mismo que también dice de los gobernadores opositores de Santa Cruz y Beni que también afrontan diversas denuncias del Ejecutivo y temen perder sus cargos.
Estos días, Brasil también dio asilo a otros tres opositores de menor importancia política, pero que se suman a más de un centenar de bolivianos radicados en ese país en la misma situación.
A juicio de Lazarte, el refugio para Cossío es "la peor derrota política externa" de Morales, después de haber enviado a una de sus ministras a Asunción para "presionar" a las autoridades paraguayas, sin haber conseguido convencerlas de rechazar el pedido de asilo.
La oposición sostiene que esa decisión muestra hacia afuera que el Gobierno de Morales no ofrece "garantías mínimas" para proceso alguno, peor aún cuando se sabe que la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia fueron designados por decreto.
Los argumentos contra la manipulación de los procesos contra los opositores quedaron reforzados estos días al revelarse un vídeo en el que agentes sobornan con 31.500 dólares a un testigo que vinculó a lideres de la región de Santa Cruz con un caso de terrorismo.
En medio de esos problemas políticos, Morales estuvo haciendo una campaña y reuniéndose con los movimientos sociales para explicarles la necesidad de retirar la subvención al precio de los combustibles porque eso fomenta el contrabando e impide inversiones petroleras.
El año pasado la importación de los carburantes líquidos le costó a Bolivia 660 millones de dólares, de los que 380 millones estuvieron subvencionados y para 2011 esas cifras crecerán a mil millones y a 600 millones, respectivamente, según el Gobierno.
El mandatario todavía no ha explicado cómo afrontará este problema sin provocar nuevas protestas sociales, pero ha dejado en claro que la subvención es un "cáncer" para el Estado que por la venta de gas natural recibe alrededor de 1.600 millones de dólares anuales.
